Se cumplió el primer mes del gobierno PRO. A pesar de las reacciones de algunos sectores ante la represión, los despidos y la brutal transferencia de ingresos a los sectores empresariales, aún no hay respuesta unificada del campo popular.
Carina López Monja – @carinalopezm
Foto: Anita Pouchard Serra
Mariátegui
14/01/16
Enumerar las medidas tomadas en estos 30 días llevaría más que una nota. Lo cierto es que las políticas económicas tomadas por Cambiemos no sólo no fueron graduales, sino que buscaron desmantelar la concepción de capitalismo con inclusión que sostuvo el kirchnerismo durante 12 años y que pavimentó el camino para que hoy se lleve adelante esta ofensiva contra los sectores populares. El PRO aprovecha al máximo la llamada “luna de miel” de cualquier gobierno apenas iniciado, prueba hasta dónde aguanta la sociedad y no muestra límites hasta que la “opinión pública” los marca.
Disciplinar el conflicto social, achicar el Estado para agrandar la Nación
A la devaluación de casi un 50 por ciento, a la eliminación o reducción de las retenciones, le siguió la emergencia energética y la aprobación para los aumentos. Suben las tarifas de los servicios públicos, autorizan subas de 6 por ciento en las naftas, aprueban una caricatura del programa Precios Cuidados con subas de hasta el 9 por ciento y decretan la emergencia estadística para que no haya números oficiales con cuales discutir la inflación y las paritarias de inicio de año.
Para la agenda del capital concentrado aún falta devaluar más la moneda y negociar con los fondos buitres que, convenientemente, a partir de ahora llamaremos holdouts. Resta que el país vuelva a ser “competitivo”, para lo cual se necesitan paritarias con techo bajo, bajito, y disciplinar a los trabajadores con la amenaza (o efectivización) de despidos.
En el caso de los trabajadores y las trabajadoras estatales a nivel nacional, provincial o municipal, la ofensiva del PRO sorprendió a propios y ajenos. Realizó alrededor de 15 mil despidos, sin justificación, con la acusación de “militantes” o “ñoquis”, sin discriminar mujeres embarazadas, discapacitados o la cantidad de años trabajando de forma precaria en la función pública. Ese intento de avanzar sin límites (siempre hay tiempo de volver sobre sus pasos, como tuvieron que hacerlo en Quilmes luego de las protestas, por ejemplo) tuvo una rápida reacción de los y las laburantes, aunque no así de las centrales sindicales.
A los reclamos frente a los derechos avasallados, a las manifestaciones populares, a los cortes, a las protestas de quienes exigen el cumplimiento de derechos amparados por la Constitución argentina (que hoy no parece significar mucho) se responde con represión. En sólo un mes, la avanzada de las fuerzas seguridad con balas de goma y gases ante los trabajadores de Cresta Roja y los municipales de La Plata dan cuenta de eso.
Aunque no sorprenda, no deja de llamar la atención que sea la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ante la asunción de la nueva cúpula de Gendarmería Nacional dijera que en el nuevo paradigma había que estar preparados para “hacer como en Ezeiza”, para “liberar del caos a los vecinos”, tal como consignó en una nota Mauricio Polchi hace pocos días.
¿Cómo llegamos a esto?
Las condiciones para que hoy se puedan implementar el ajuste y la transferencia de recursos a los sectores dominantes fueron dejadas por el gobierno anterior, el mismo que eligió al PRO como fuerza de oposición y con quien votó en conjunto las leyes de la Legislatura porteña que iban en contra de los sectores populares.
A pesar de incorporar determinadas demandas durante esta década, el proyecto hegemónico kirchnerista no impulsó reformas estructurales (no era su intención hacerlo) y en algunos casos preparó el terreno para que hoy el PRO avance de la forma en que lo está haciendo.
Tal como plantea la CTA de Bahía Banca, no podríamos hablar de despidos masivos en el Estado sin precarización laboral. “El ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad de todos quienes trabajan bajo las distintas formas de la precarización. Con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los despidos masivos: Ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el empleo”.
El pase a planta en el último mes de gobierno es el argumento que usa el PRO para hablar de ñoquis y militantes. Más allá de la despreciable descalificación, el terreno quedó allanado para dejar desprotegido a un importante sector de laburantes de la esfera pública y presionar a los privados, donde también hubo despidos. Tal como dijo el ministro Prat Gay: “Fíjense hasta qué punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo”.
En segundo lugar, el kirchnerismo dejó las condiciones para que la derecha avance en el disciplinamiento del movimiento popular con la judicialización y la represión. El protocolo de seguridad que quiere imponer Bullrich tiene como antecedente uno presentado por el kirchnerismo que fue frenado por la amplia oposición que tuvo. Hoy el PRO cuenta con la ley antiterrorista para utilizar como herramienta de criminalización y judicialización de quienes salgan a luchar ante la ofensiva del gobierno.
#UnMesDeMacri ¿Y la reacción popular?
Pocos días después de asumir el PRO, se avanzó en una convocatoria que nucleaba a los sectores kirchneristas, a la CTA de Micheli, a los partidos de izquierda y a la llamada izquierda independiente. El día anterior a la marcha, mismo día que el PRO tuvo su debut represivo en Ezeiza contra los trabajadores de Cresta Roja, la CTA y los kirchneristas desistieron de participar. Se perdió la posibilidad de una demostración unitaria de resistencia frente a la brutalidad del gobierno.
No fue gratis. Posteriormente avanzaron por decreto con la ley de medios, con los despidos, con mayores desregulaciones para los exportadores, con la represión en La Plata, entre otras cosas.
Desde entonces, las centrales sindicales han demostrado su falta de voluntad o incapacidad de convocatoria y han sido gremios de base o sectores de laburantes de una repartición los que salieran a denunciar los despidos.
La movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y la falta de pago a sus trabajadores encontró al kirchnerismo y la izquierda confluyendo en el mismo acto. La denuncia contra los despidos en el Centro Cultural Kirchner también. Seguramente suceda lo mismo hoy en la movilización para repudiar la represión en La Plata. Ante los despidos, la represión, no debería haber dudas. La resistencia popular debería ser protagonista y articular la más amplia de las unidades para frenar la ofensiva represiva y de ajuste.
Ahora bien, eso no implica olvidar que existen distintos proyecto de país. La consigna “Vamos a volver” y la resistencia en las plazas con Martín Sabatella como orador remiten a una valoración de un proyecto de capitalismo con inclusión, de capitalismo bueno, que otros sectores venimos rechazando hace más de 12 años. En los hechos, hay sectores kirchneristas que están más preocupados en dar pelea en marzo cuando abra el Congreso, como cuenta Gabriel Sued en La Nación, en organizarse para “volver” a estar en el Estado en cuatro años que en resistir los embates en la actualidad.
El bloque dominante quiere cerrar definitivamente el ciclo que se abrió en 2001 y las concesiones que los gobiernos posteriores estuvieron dispuestos a hacer. Lo buscan cerrar con revanchismo. Y para quienes somos hijos e hijas de esa rebelión la respuesta será en las calles, en unidad, pero a la vez con la necesidad y la convicción de construir una fuerza política que dé batalla contra el posibilismo para transformar el sistema de raíz, en una Argentina donde no nos propongan vivir mejor sino vivir dignamente, de forma igualitaria, sin explotados ni explotadores. (marcha.org.ar)
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