Mariátegui
30/08/13
Durante el paro nacional que se desarrolla en todo el país las denuncias y evidencias de abuso de policial se han incrementado. Organizaciones defensoras de los DDHH en misión humanitaria recogieron testimonios de las personas afectadas.
Un primer recorrido partió desde Bogotá hacia Tunja, del que surgió un primer informe que constataba las agresiones que la fuerza pública ha ejercido para reprimir la protesta social. Un segundo recorrido partió este 28 de agosto con el objetivo de llegar a otros municipios que han sido afectados hasta la capital de Boyacá. Por un lado, por la vía que conduce por la autopista norte pasando por municipios como Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada y el puente de Boyacá, aun se mantiene la carretera bloqueada y concentraciones de campesinos en algunos puntos. Por otro lado se visitó Ubaté –que es uno de los municipios que ha registrado más enfrentamientos con la policía en los últimos días- pasando Chiquinquirá y Arcabúco, para terminar en Tunja.
En un informe preliminar la comisión de verificación presentó diferentes formas de agresión policial que han detectado en el territorio hasta su segundo día de recorrido:
“El lanzamiento de piedras por parte de la fuerza pública en contra de la población civil a través de caucheras y hondas, así como el disparo indiscriminado de gases lacrimógenos contra las viviendas y de forma directa hacia los manifestantes, con un evidente carácter de sevicia.
“Actos de tortura, tratos crueles y degradantes entre los que se destacan la rasuración de cejas, las amenazas de mutilación, y la ejecución de fuertes e indiscriminadas golpizas en camiones, tanquetas, la estación de Policía de Ubaté y otros lugares lejanos a los sitios de concentración de las manifestaciones, causando graves heridas entre las que se encuentran fracturas, múltiples traumatismos, deformidad en extremidades, contusiones e intoxicaciones.
“El hurto y quema de motocicletas en vías públicas, así como las amenazas lanzadas contra los pobladores de incendiar sus viviendas.
“La obstrucción a la entrada de ambulancias en lugares en los que se hallaban habitantes heridos por la fuerza pública.
“La violación al domicilio acompañada de retenciones, golpizas y daños en bien ajeno”
Una de las interpretaciones que ha resaltado la Comisión de verificación hasta el momento es el cambio en las actuaciones de la fuerza pública frente la población civil luego de la presencia de la primera comisión de DDHH y los acuerdos firmados en la gobernación donde se pactó la no agresión entre las partes.
El objetivo de la misión es poder asesorar y acompañar las víctimas de los abusos policiales. La misión continuará su recorrido para llegar a Duitama y Sogamozo, lugares que han sido fuertemente golpeados por las medidas tomadas como el toque de queda y la militarización de la zona.
La misión está formada por entidades defensoras de DDHH, entre las que se encuentran: Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria –Cospacc-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes (El turbión y Colombia informa) y Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Humanidad Vigente acompañados por Brigadas Internacionales de Paz y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
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